Pertinencia de las políticas culturales 

Martín Cruz Santos

     Hay tiempos cuando es ineludible retornar a los temas que ocuparon el pensamiento, la investigación y la posterior difusión de los hallazgos. Es el caso de la problematización del quehacer en torno a la cultura.  Máxime ante la urgencia que propicia el desprecio, la trivialización y el desmantelamiento de las actividades y la institucionalidad cultural en diversos países. Durante varios años dediqué esfuerzos académicos a hurgar en los fundamentos legales de las prácticas a tenor con determinado imaginario cultural impulsado por el Estado. Publiqué los resultados en un libro que utilizo como referencia principal en este escrito.[1]

   Antes de proceder al asunto central es adecuado aludir al concepto cultura en cuanto a su origen, desarrollo y significados, aunque sea sucintamente.  Desde una perspectiva occidental, que no es la única, claro está, el término cultura, es proveniente del latín cultus y era referente al cuidado del campo o del ganado. Entonces partimos de una concepción estrechamente relacionada con los seres humanos y la naturaleza en los modos de producción de bienes materiales. Cómo los grupos llevaban a cabo la configuración del entorno vital es medular al alcance original, porque confiere sentidos de pertenencias e identidades. Podemos aseverar que, con sus matices propios de cada espacio geográfico, tal representación se mantuvo arrimada a lo agrícola y ganadero, prácticamente, hasta el siglo XIII de la llamada Edad Media. Pero, hacia el siglo XVI, con el Renacimiento, adquirió una connotación metafórica como cultivación de las facultades humanas no alrededor de la productividad agraria, sino de la creación intelectual y estética.

    Consecuentemente, en la modernidad, el empuje racionalista y las visiones científicas condujeron a un enfoque centrado en la dominación de la naturaleza por el ser humano. En tal contexto ocurre el auge economicista del capitalismo en encaminándose a la etapa industrial apalancando la concepción de los recursos naturales explotables como materia prima encausada a la producción de la riqueza mediante la mano de obra asalariada y la acumulación del capital.  Posteriormente, en el siglo XVIII, la cultura emerge en el mundo académico como materia de reflexión. Con la Ilustración, quedaron entreveradas las nociones de la civilización y el progreso como portaestandartes pretendidamente hegemónicos de un ideario europeo.

     Esa visión comenzó a perder terreno hacia finales del siglo XIX y principios del XX con la cada vez más pujante influencia de las Ciencias Sociales, especialmente, la antropología. De modo que la teorización del objeto de estudio en cuestión ha abierto debates interminables dada la complejidad misma del término fundamentada en lo cambiante de las actividades humanas.  Cabe reformular una y otra vez la interrogante ¿qué es la cultura? Sin ambicionar definiciones categóricas, aventuro a decir que es un sistema de ideas, creencias, símbolos y expresiones que regulan un orden cuya coherencia depende de la normatividad configuradora de la identidad colectiva. Si abordamos el campo de regulaciones y normatividades, estamos en el ámbito de las políticas culturales.

     Dichos estatutos encuentran asentamiento en la institucionalidad, si las consideramos como el conjunto de las intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de ofrecer una orientación al desarrollo de la creatividad simbólica y lograr la satisfacción de las necesidades culturales de una sociedad. Además, “son enunciados o definiciones que buscan la movilización del Estado y la sociedad para obtener determinados fines de carácter cultural”.[2]  Para el filósofo, antropólogo y sociólogo argentino, Néstor García Canclini, deben promover el crecimiento cultural de todos los ciudadanos y los grupos representativos de la sociedad.[3] Lejos de constituirse en imperativos, entiéndanse como los apoyos formales para la consecución de un orden social capaz de canalizar los aspectos de la cultura de una comunidad.[4] Tampoco son, aunque puede tornarse en, mecanismos del centralismo cultural o la construcción de identidades colectivas favorables a los intereses de una determinada clase social preponderante representada por el Estado. El horizonte preceptivo debe funcionar como guía idónea para acequiar articuladamente la diversidad de la gestión cultural.

     Ahora bien, cabe acotar que entra en el juego la legislación o instrumentalidad de la justificación social y jurídica para la implantación del andamiaje cultural. A propósito, Edwin Richard Harvey, abogado y profesor de política y legislación cultural comparada, en su trabajo titulado Políticas culturales en Iberoamérica y el mundo,[5] propone que a cada acto de política pública relacionado con la cultura subyace una legislación cultural que se apoya en la idiosincrasia del pueblo. Según él, “tienen por objeto satisfacer las necesidades culturales de la población y de la comunidad mediante el empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos que dispone una sociedad en un momento dado”.[6] He ahí la pertinencia.

    En un país, región o vecindad municipal, independientemente del desarrollo económico, social y político, la cantidad de habitantes y demás particularidades, establecer pautas de acción cuyos objetivos son definidos con atención y respeto a la agrupación es inherente a las políticas culturales. A partir de su puesta en práctica aportan a la producción simbólica y la codificación de la praxis ciudadana. Por el contrario, en la ausencia de ellas corremos el riesgo de privilegiar el espontaneísmo, la desarticulación o la implantación, contradictoriamente, de personalidades colectivas inamovibles. Insistamos, las culturas son dinámicas, por tanto, cambiantes y abiertas a interpretaciones contextualizadas históricamente. 

    Considero imprescindible aunar voluntades para ejercer la prerrogativa correspondiente a la responsabilidad compartida de estructurar la cultura en sus vertientes de crear, socializar, preservar, vivenciar y diversificar libre de chovinismos y conservatismos excluyentes. Ciertamente, no es privativo de un gobierno decretar los contenidos de la ocupación cultural. Mas bien es un ejercicio conjunto, pues la ciudadanía con sus diferencias sectoriales ha de enfrentar las distopías latentes en las narrativas moralistas y religiosas, entre otras, transmutadas en una singularidad impositiva que utiliza a conveniencia los aparatos ideológicos del Estado.[7] Asimismo, dejar al azar el devenir de las acciones creativas y sus aristas divergentes fomenta el atomismo social. Probablemente, el equilibrio se halla al aupar, organizar, orientar, documentar y favorecer la diversidad cultural.

     Finalmente, forjar políticas culturales requiere la comprensión profunda del carácter evolutivo de las mentalidades o representaciones de cada pueblo. La idea es garantizar que las disposiciones normativas expresen el modo de ser o ir siendo de las identidades en construcción. Es recomendable practicar continuamente el análisis, la revisión y la apertura crítica ante los cambios históricos. En resumidas cuentas, debemos generar política pública mediante la indagación participativa y sistemática que responda al bien común mediante la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones. Son cuestiones apremiantes que debemos considerar en mis Reflexiones desde El Jardín.  

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[1] Martín Cruz Santos (2014), Afirmando la nación… políticas culturales en Puerto Rico (1949-1968), San Juan: Ediciones Callejón.

[2] Ministerio de Cultura de la República de Colombia, (2010), Compendio de Políticas Culturales, Bogotá: Industrias Gráficas Darbel, pág. 31

[3] Néstor García Canclini, (1987), Políticas culturales en América Latina, México: Editorial Grijalbo, S.A., 1987, pág. 54.

[4] Véase al respecto: Toby Miller y George Yúdice, (2004), Política cultural, Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., pág. 11.

[5] Edwin R. Harvey, Políticas culturales en Iberoamérica y el mundo (Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1990).

[6]Ibid., pág. 15.

[7] El término aparato ideológico del estado fue acuñado por el filósofo francés Louis Althusser y propicia indagar en la ideología como mecanismo del poder político institucional. Véase: Louis Althusser, Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, en: Žižek, Slavoj (compilador). Ideología: un mapa de la cuestión (México: Fondo de Cultura Económica, 1994), 115-155.