Pertinencia de las políticas culturales
Martín Cruz Santos
Hay tiempos cuando es ineludible retornar a los temas que ocuparon el
pensamiento, la investigación y la posterior difusión de los hallazgos. Es el
caso de la problematización del quehacer en torno a la cultura. Máxime ante la urgencia que propicia el
desprecio, la trivialización y el desmantelamiento de las actividades y la
institucionalidad cultural en diversos países. Durante varios años dediqué
esfuerzos académicos a hurgar en los fundamentos legales de las prácticas a
tenor con determinado imaginario cultural impulsado por el Estado. Publiqué los
resultados en un libro que utilizo como referencia principal en este escrito.[1]
Antes de proceder al asunto central es adecuado aludir al concepto
cultura en cuanto a su origen, desarrollo y significados, aunque sea
sucintamente. Desde una perspectiva
occidental, que no es la única, claro está, el término cultura, es proveniente
del latín cultus y era referente
al cuidado del campo o del ganado. Entonces partimos de una concepción estrechamente relacionada
con los seres humanos y la naturaleza en los modos de producción de bienes
materiales. Cómo los grupos llevaban a cabo la configuración del entorno vital
es medular al alcance original, porque confiere sentidos de pertenencias e
identidades. Podemos aseverar que, con sus matices propios de cada espacio
geográfico, tal representación se mantuvo arrimada a lo agrícola y ganadero,
prácticamente, hasta el siglo XIII de la llamada Edad Media. Pero, hacia el
siglo XVI, con el Renacimiento, adquirió una connotación metafórica como cultivación
de las facultades humanas no alrededor de la productividad agraria, sino de la
creación intelectual y estética.
Consecuentemente, en
la modernidad, el
empuje racionalista y las visiones científicas condujeron a un enfoque centrado en la dominación de la naturaleza por el ser humano.
En tal contexto ocurre el auge economicista del capitalismo en encaminándose a
la etapa industrial apalancando la concepción de los recursos naturales
explotables como materia prima encausada a la producción de la riqueza mediante
la mano de obra asalariada y la acumulación del capital. Posteriormente, en el siglo XVIII, la cultura
emerge en el mundo académico como materia de reflexión. Con la Ilustración, quedaron
entreveradas las nociones de la civilización y el progreso como portaestandartes
pretendidamente hegemónicos de un ideario europeo.
Esa visión comenzó a perder terreno hacia
finales del siglo XIX y principios del XX con la cada vez más pujante
influencia de las Ciencias Sociales, especialmente, la antropología. De modo
que la teorización del objeto de estudio en cuestión ha abierto debates
interminables dada la complejidad misma del término fundamentada en lo
cambiante de las actividades humanas.
Cabe reformular una y otra vez la interrogante ¿qué es la cultura? Sin
ambicionar definiciones categóricas, aventuro a decir que es un sistema de
ideas, creencias, símbolos y expresiones que regulan un orden cuya coherencia
depende de la normatividad configuradora de la identidad colectiva. Si
abordamos el campo de regulaciones y normatividades, estamos en el ámbito de
las políticas culturales.
Dichos estatutos encuentran asentamiento en la institucionalidad, si las
consideramos como el conjunto de las intervenciones realizadas por el Estado,
las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de
ofrecer una orientación al desarrollo de la creatividad simbólica y lograr la
satisfacción de las necesidades culturales de una sociedad. Además, “son
enunciados o definiciones que buscan la movilización del Estado y la sociedad
para obtener determinados fines de carácter cultural”.[2]
Para el filósofo, antropólogo y
sociólogo argentino, Néstor García Canclini, deben promover el crecimiento
cultural de todos los ciudadanos y los grupos representativos de la sociedad.[3] Lejos de constituirse en
imperativos, entiéndanse como los apoyos formales para la consecución de un
orden social capaz de canalizar los aspectos de la cultura de una comunidad.[4] Tampoco son, aunque puede
tornarse en, mecanismos del centralismo cultural o la construcción de
identidades colectivas favorables a los intereses de una determinada clase
social preponderante representada por el Estado. El horizonte preceptivo debe funcionar
como guía idónea para acequiar articuladamente la diversidad de la gestión
cultural.
Ahora bien, cabe acotar que entra en el juego la legislación o
instrumentalidad de la justificación social y jurídica para la implantación del
andamiaje cultural. A propósito, Edwin Richard Harvey, abogado y profesor de
política y legislación cultural comparada, en su trabajo titulado Políticas culturales en Iberoamérica y el
mundo,[5]
propone que a cada acto de política pública relacionado con la cultura
subyace una legislación cultural que se apoya en la idiosincrasia del pueblo.
Según él, “tienen por objeto satisfacer
las necesidades culturales de la población y de la comunidad mediante el empleo
óptimo de todos los recursos materiales y humanos que dispone una sociedad en
un momento dado”.[6] He ahí la pertinencia.
En un país, región o vecindad municipal, independientemente del
desarrollo económico, social y político, la cantidad de habitantes y demás
particularidades, establecer pautas de acción cuyos objetivos son definidos con
atención y respeto a la agrupación es inherente a las políticas culturales. A
partir de su puesta en práctica aportan a la producción simbólica y la
codificación de la praxis ciudadana. Por el contrario, en la ausencia de ellas
corremos el riesgo de privilegiar el espontaneísmo, la desarticulación o la implantación,
contradictoriamente, de personalidades colectivas inamovibles. Insistamos, las
culturas son dinámicas, por tanto, cambiantes y abiertas a interpretaciones
contextualizadas históricamente.
Considero imprescindible aunar
voluntades para ejercer la prerrogativa correspondiente a la responsabilidad compartida
de estructurar la cultura en sus vertientes de crear, socializar, preservar,
vivenciar y diversificar libre de chovinismos y conservatismos excluyentes.
Ciertamente, no es privativo de un gobierno decretar los contenidos de la
ocupación cultural. Mas bien es un ejercicio conjunto, pues la ciudadanía con
sus diferencias sectoriales ha de enfrentar las distopías latentes en las
narrativas moralistas y religiosas, entre otras, transmutadas en una
singularidad impositiva que utiliza a conveniencia los aparatos ideológicos del
Estado.[7] Asimismo, dejar al azar el
devenir de las acciones creativas y sus aristas divergentes fomenta el atomismo
social. Probablemente, el equilibrio se halla al aupar, organizar, orientar, documentar
y favorecer la diversidad cultural.
Finalmente, forjar políticas culturales requiere la comprensión profunda
del carácter evolutivo de las mentalidades o representaciones de cada pueblo. La
idea es garantizar que las disposiciones normativas expresen el modo de ser o
ir siendo de las identidades en construcción. Es recomendable practicar
continuamente el análisis, la revisión y la apertura crítica ante los cambios históricos.
En resumidas cuentas, debemos generar política pública mediante la indagación
participativa y sistemática que responda al bien común mediante la búsqueda de
soluciones y la toma de decisiones. Son cuestiones apremiantes que debemos considerar
en mis Reflexiones desde El Jardín.
[1] Martín Cruz Santos (2014), Afirmando la nación… políticas culturales
en Puerto Rico (1949-1968), San Juan: Ediciones Callejón.
[2] Ministerio de Cultura de la República de Colombia, (2010), Compendio de
Políticas Culturales, Bogotá: Industrias Gráficas Darbel, pág. 31
[3] Néstor García Canclini, (1987), Políticas culturales en América Latina,
México: Editorial Grijalbo, S.A., 1987, pág. 54.
[4] Véase al respecto: Toby Miller y
George Yúdice, (2004), Política cultural,
Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., pág. 11.
[5] Edwin R. Harvey, Políticas culturales en Iberoamérica y el
mundo (Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1990).
[6]Ibid., pág. 15.
[7] El término aparato ideológico del estado fue
acuñado por el filósofo francés Louis Althusser y propicia indagar en la
ideología como mecanismo del poder político institucional. Véase: Louis Althusser,
Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, en: Žižek, Slavoj (compilador). Ideología: un mapa de la cuestión (México: Fondo de Cultura Económica,
1994), 115-155.