Escasez
de vivienda, ¿por qué?
Martín Cruz Santos
El panorama crítico actual de la escasez de
vivienda vulnera el derecho planteado. Investigaciones llevadas a cabo por el
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) evidencian
la expansión del problema mundialmente:1,000 millones de personas (el 20% de la
población mundial) carece de una vivienda adecuada; 1,600 millones malviven en
asentamientos informales, 100 millones de seres humanos no tienen donde vivir y
las expectativas no son esperanzadoras: en 2030, la cantidad de “sujetos de
derechos humanos” sin vivienda adecuada aumentará a 3,000 millones.[2]
Sin duda alguna, es un asunto muy relevante
y prioritario, porque, una vivienda, casa o apartamento no es solo la
construcción de un espacio estructural, sino que configura un hábitat. Históricamente,
dedicar un lugar para habitarlo significa que las paredes el techo y el piso posibilitan
el ámbito interno donde sus ocupantes establecen relaciones humanas y sociales
organizadas culturalmente y vinculadas con el entorno territorial próximo. Por
tanto, la presencia de un déficit habitacional transgrede la dignidad de la
vida humana, porque la falta de vivienda adecuada es causada por las carencias de
poder que incluyen la precariedad impuesta por las condiciones de la
desigualdad social y las limitaciones al desarrollo físico, emocional,
educativo-cultural, económico y político. Que la vivienda escasee en una ciudad
o en un país no es una cuestión meramente cuantitativa, tiene un componente
cualitativo ineludible.
Ahora bien, ¿por qué la escasez de
vivienda adecuada? Para ensayar respuestas posibles a la interrogante, acojamos
inicialmente un argumento de la citada ONU-Hábitat:
“La
vivienda representa más del 70% del uso del suelo en la mayoría de las ciudades
y determina la forma y la densidad urbana, proporcionando también empleo y
contribuyendo al crecimiento, sin embargo, su sentido facilitador ha fracasado
y se ha convertido en un factor de desigualdad social y económico”[3].
Según
el ente internacional citado, la edificación de viviendas constituyó un renglón
significativo del desarrollo económico, así como también, un medio para la promoción
social hasta hace algunas décadas. Los Estados y sus gobiernos cumplían, en
mayor o menor grado, su responsabilidad social protegiendo el derecho a la
vivienda adecuada mediante políticas públicas y planes para el mejoramiento
habitacional. Sin embargo:
“la vivienda se ha convertido en un factor de
especulación motivado fundamentalmente por sectores inmobiliarios privados
quienes han trabajado solamente bajo la lógica del rendimiento económico. En
tal sentido se ha desregularizado el mercado y se ha debilitado el Estado”.[4]
He
ahí el meollo del tema. La escasez de vivienda no responde únicamente a la
merma en las construcciones por razones económicas y políticas particulares de
cada país o la inflación postpandemia. Al igual que ocurre con el fenómeno de
la gentrificación[5]
que abordáramos en una reflexión previa, la desigualdad económica agrava la
asequibilidad a la vivienda, resultante de la especulación inmobiliaria y su
fin lucrativo desmedido.
Debilitado el Estado en su responsabilidad
social, el derecho a la vivienda adecuada ha dejado de ser una prioridad en los
programas de gobierno. La institucionalidad funge como facilitadora de negocios
rentables para el capital privado. No es novel la simbiosis entre el Estado y
los intereses económicos dominantes, lo sabemos. Pero, es imperativo acotar que
el protagonismo financiero del sector inmobiliario y otros actores lucrativamente
interesados inciden determinantemente en las decisiones políticas que afectan a
la mayoría de la población. Hay ejemplos muy claros: los cambios estratégicos en
los planes de usos de suelos, las reclasificaciones en las áreas urbanas, las
aprobaciones de proyectos de urbanización sin mayor rigor, las ambigüedades en
los reglamentos, las desregulaciones y el abandono de la prioridad de la
vivienda para alquiler a largo plazo en aras de favorecer los alquileres corto
plazo con fines turísticos. Añádale otras practicas harto conocidas.
Debemos considerar que existen agravantes que
obstaculizan el acceso a la vivienda adecuada. Sea para la compra o el alquiler,
los precios han aumentado más que los ingresos. La desigualdad salarial impide
enfrentar tales incrementos, máxime, porque el gasto presupuestario familiar mayor
suele ser el pago por la vivienda. El
acceso a los créditos hipotecarios es casi inalcanzable a juzgar por las altas
tasas de intereses y los criterios de aprobación que requieren una estabilidad
financiera fantasmagórica.
No pasa desapercibida la realidad
demográfica del envejecimiento de la población mundial,[6] en particular, en América
Latina, cuyos pueblos claman por la justa planificación gubernamental dirigida
a las necesidades particulares de la salud, seguridad y los cuidados especiales
acorde a la llamada tercera edad. En tal caso, la disponibilidad de facilidades
debe ser planificada tomando en consideración criterios de calidad de vida:
asequibilidad o que esté al alcance económico posible de quien la necesita, habitabilidad
en la infraestructura del espacio con los servicios de energéticos, de agua
potable y sistema de alcantarillado, telefonía e internet, entre otros; accesibilidad,
es decir, que se propicie el acceso a la misma y esté libre de barreras arquitectónicas,
y la ubicación de la vivienda en contextos de adecuación cultural posibilitadores
de la creatividad y el ocio recreativo.
Coexiste
junto a la proliferación de adultos mayores la disminución poblacional por las
vías de la pérdida de habitantes que migran hacia otros países y la baja
poblacional o menos nacimientos que defunciones. Formular políticas públicas
que conjuguen la satisfacción de las diferentes necesidades sociales con los
recursos económicos disponibles es tamaño reto imprescindible para afrontar. Es
mandatorio reivindicar el derecho humano a la vivienda y elevarlo al rango
constitucional del derecho civil con la debida implantación y fiscalización. Sin
medidas eficaces contra la especulación, la corrupción y el apetito lucrativo voraz
de los sectores financieros involucrados, la escasez de vivienda adecuada continuará
siendo un mero rubro de negocios y oportunidades favorable a unos pocos
privilegiados, pero, oneroso y perjudicial para los pobres y los grupos
vulnerables. El asunto amerita transformaciones estructurales complejas en
cualquier sociedad que pretenda ser justa y democrática.
Urge organizar
proyectos sociales y comunitarios con la vivienda como un aspecto central de su
agenda programática. Abordar el tema públicamente debe ser preeminente. Abrirlo
a la discusión y el análisis crítico es parte del quehacer que promovemos en nuestras
Reflexiones desde El Jardín.
[1]
ONU-Hábitat, El derecho a la vivienda adecuada, Folleto Formativo número
21/rev. 1, disponible en línea: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
[2] ONU-Hábitat,
Vivienda inviable para la mayoría, disponible en línea: https://onuhabitat.org.mx/index.php/vivienda-inviable-para-la-mayoria
[3]
Ibid.
[4]
Ibid.
[5] Recomendamos
la lectura de: Martín Cruz Santos, 2023, Gentrificación urbana y rural,
disponible en línea: https://conversacionesconmartincruzsantos.blogspot.com/2023/08/gentrificacion-urbana-y-rural-martin.html
[6]
Recomiendo la lectura de una de mis Reflexiones desde El Jardín
publicada recientemente: Martín Cruz Santos, 2023, Somos viejos,
disponible en línea: https://conversacionesconmartincruzsantos.blogspot.com/2023/07/somos-viejos-martin-cruz-santos-el.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Sus comentarios son bienvenidos. Por favor, escriba su nombre junto al escrito para responderlo de modo personalizado. Gracias.